Plan Nacional de Salud Bolivia 2026-2030: nueva ley y crisis de la CNS

El 29 de abril de 2026, el Ministerio de Salud y Deportes presentó el Plan Nacional de Salud (PNS) 2026-2030, que describe como «una ruptura con los modelos de gestión del pasado»¹. Para el médico boliviano, el documento importa por tres razones: anuncia una nueva ley que fijará sanciones por incumplimientos técnicos, promete digitalizar la historia clínica de todo el país y pretende integrar la seguridad social, empezando por la Caja Nacional de Salud (CNS), bajo una rectoría única. Lo que sigue separa lo anunciado de lo verificado.

El diagnóstico del Ministerio de Salud y Deportes

Según el Ministerio, Bolivia tiene 11,3 millones de habitantes, una transición acelerada hacia el envejecimiento y enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión y cáncer) que causan el 73 % de las muertes. Identificó un déficit de profesionales, con 14 médicos por cada 10.000 habitantes frente a los 25 que cita como recomendación de la OMS; hospitales de segundo nivel con apenas 46 % de ocupación «por falta de resolutividad» mientras los grandes colapsan, y un gasto de bolsillo que llega al 30 %¹. En enero, la ministra Marcela Flores ya había dicho que recibió un sistema «colapsado», con deudas de más de Bs 450 millones⁶.

Cinco ejes: historia clínica única digital, telemedicina y carrera sanitaria

El plan se ordena en cinco ejes: transformación digital con Historia Clínica Electrónica Única y telemedicina; rectoría «fuerte» con control vinculante sobre los Servicios Departamentales de Salud y la seguridad social; un primer nivel resolutivo las 24 horas; carrera sanitaria por meritocracia, y un modelo de corresponsabilidad 50/50 entre el nivel central y las regiones¹. En Sucre, en agosto, el Ministerio precisó que el primer nivel debe resolver el 80 % de las necesidades con telemedicina 24 horas, y que la meta es transitar a un Sistema Integrado de Salud (SIS) que elimine la fragmentación entre el sector público y la seguridad social, con atención universal y gratuita². En septiembre, el presidente Rodrigo Paz informó que el plan se presentó en Brasilia, con receta electrónica, un sistema «Cero Filas» y la meta de bajar la mortalidad materna a menos de 106 por 100.000 nacidos vivos³.

Hay avances parciales. En junio, el Ministerio informó que su plataforma digital de agendamiento y referencia, lanzada en febrero, registraba 130.849 fichas en La Paz, en 121 establecimientos, y 73.773 en Santa Cruz⁴. El 6 de noviembre, una delegación visitó el núcleo de telesalud del Acre, en Brasil, con apoyo de la OPS/OMS, y recibió una propuesta de proyecto de red interinstitucional de telesalud para revisarla y ejecutarla en conjunto⁵. La gratuidad de base sigue siendo la del Sistema Único de Salud: la Ley 1152 de 2019 extendió la atención gratuita a quienes no tienen seguro social de corto plazo⁷.

La nueva Ley General de Salud: lo que se sabe

El Ministerio anunció la redacción de una Nueva Ley General de Salud que «establecerá sanciones claras ante incumplimientos técnicos» y buscará que el paciente no pague por las ineficiencias administrativas¹. Hasta la fecha de esta nota no se publicó un texto ni un cronograma legislativo; la cobertura de septiembre tampoco lo detalla³. Para el médico, lo relevante será cómo se definan esas sanciones, la obligatoriedad de la historia clínica digital y las reglas de la carrera sanitaria.

La Caja Nacional de Salud en disputa

La seguridad social es la pieza más conflictiva. En diciembre de 2025, la ministra posesionó como gerente general de la CNS al traumatólogo Walter Germán Hoyos, que prometió auditorías médicas y dijo: «Debemos mirar hacia adentro, reconocer nuestras fallas y reconstruir la credibilidad»⁸. El 19 de marzo de 2026, Flores posesionó como presidente del directorio a Whodin Gabriel Caracila Andia, secretario de conflictos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, tras un acuerdo con esa federación; la designación se hace por Resolución Suprema en una estructura tripartita⁹, y la Ley 006 de 2010, que amplía las facultades del directorio, elevó a rango de ley los decretos que lo regulan¹¹.

Legisladores del oficialismo y de la oposición cuestionaron la meritocracia de la designación. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, respondió que el cargo es «exclusivamente el tema fiscalizador, el control obrero» y denunció un trato discriminatorio hacia los mineros¹⁰. En agosto, el diputado Mauricio Taboada anunció un proyecto de ley, «casi concluido, en un 98 %», para modificar la estructura de la CNS y «devolverle a la CNS la meritocracia», y pidió un nuevo Código de Seguridad Social¹². El 1 de septiembre fue aprehendida una funcionaria de la CNS en el «caso tomógrafos», abierto por denuncia del diputado Rolando Pacheco por presuntas irregularidades en la compra de esos equipos; la investigación incluye contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias¹³.

A todo esto se suma el frente político: el 6 de noviembre, en Tarija, se anunció una interpelación a la ministra Flores para el lunes, con intención de censura¹⁴. El plan necesita estabilidad para avanzar más allá de 2026.